La ciberocupación se intensificó en 2008

La «ciberocupación», es decir, internautas que registran direcciones de Internet que se identifican con marcas comerciales, empresas o nombres de famosos, registró su punto álgido en 2008. El club de fútbol inglés Arsenal o la actriz Scarlett Johansson fueron algunos de los perjudicados por esta práctica.

En concreto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) manejó el año pasado 2.329 casos de páginas web que creaban controversia por sus nombres. Algunos de estos sitios incluían referencias a la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2016, a la BBC, a la Universidad de Yale, a la Blackberry, a compañías como eBay, Google y Nestlé, y a los citados Arsenal y Johansson.

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Google Voice: un número único que suena en todas partes

Si las búsquedas de Google revolucionaron la web y Gmail hizo lo propio con el correo electrónico gratuito, una cosa es segura: Google Voice, presentado este jueves, revolucionará los teléfonos.

El servicio unifica nuestros números de teléfono, nos transcribe los mensajes del contestador, bloquea las campañas de telemarketing y asciende los mensajes de texto a la categoría de ciudadanos comunicadores de primera. Y todo eso, sólo para empezar.

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Google empieza a vender publicidad segmentada

Google da otra vuelta de tuerca a su negocio publicitario. El gigante de la red ha empezado a vender anuncios segmentados en función de los intereses de los usuarios. Un tipo de publicidad que utiliza los datos recogidos de la navegación de los internautas para establecer perfiles y ordenar el público objetivo en función de sus gustos. Una fórmula controvertida que ya usan otras compañías del sector.

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Facua denuncia a once compañías de servicios de contenidos para móviles

La organización de consumidores Facua ha denunciado a once compañías de contenidos para móviles ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi), el Instituto Nacional del Consumo y las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas donde están ubicadas las firmas por prácticas abusivas. La asociación considera que los precios de descarga son la mayoría de las ocasiones desproporcionados y que «se trata de un sector plagado de abusos que mueve miles de millones de euros cada año y cuya regulación sigue pendiente de que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio apruebe un código de conducta».

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